De acuerdo con información que publicará “El Espectador” el próximo lunes, la siguiente Legislatura mexiquense recuperará su facultad constitucional de aprobar o rechazar las cuentas públicas de los gobernadores.
Esa es su segunda más trascedente atribución después de la de hacer leyes y fue suprimida, para dejarla en manos del Órgano Superior de Fiscalización, que es una entidad auxiliadora suya, no autónoma.
La mayoría priísta aprobó este cambio, que significó una renuncia a una facultad estratégica para controlar y vigilar la correcta aplicación de los fondos públicos. Lo hizo después de que los diputados del PAN y del PRD se opusieron a la aprobación de la penúltima Cuenta Pública de Arturo Montiel Rojas. Estaban a favor de rechazarla por inconsistencias.
Esa cuenta, en contra de disposiciones expresa de la Constitución, se aprobó fuera de término legal y en período extraordinario en 2005, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del estado.
