PPSs Y APPs, ONEROSOS PARA
LA SOCIEDAD Y LAS FINANZAS
LOS TRABAJOS DE PASEO TOLLOCAN, CLARO EJEMPLO
DE LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PÚBLICOS A LA IP
La nota principal de portada de esta edición de “El Espectador” pudiera ser considerada sin peso para ocupar ese sitio privilegiado, porque narra trabajos de bacheo en el Paseo Tollocan. No obstante, adquiere relevancia por lo que denota y connota, pues evidencia la incapacidad de las autoridades estatales para cumplir tareas sencillas o su propensión a favorecer intereses privados sobre los de la sociedad y las finanzas públicas.
Esa vialidad fue construida con fondos públicos por el gobierno de Carlos Hank González, y fue prolongada hasta los límites del Estado con la Ciudad de México por las administraciones de Jorge Jiménez Cantú y Alfredo del Mazo González. Varios kilómetros son usufructuados ahora por los concesionarios de la autopista México-Toluca.
Estos antecedentes son indispensables para entender lo que implica que las autoridades estatales hayan puesto en manos de particulares y pagarles mucho dinero para realizar el arreglo de esa famosa y transitada vialidad, lo que puede y debe hacer directamente el área gubernamental encargada de mantener en buen estado las carreteras y vialidades.
Ante esta situación no puede dejarse de reflexionar sobre el retroceso en la capacidad institucional del gobierno mexiquense para cumplir con sus obligaciones más elementales: en el pasado fueron capaces de construir importantes obras carreteras, incluyendo al Paseo Tollocan, y el actual ni siquiera puede darles mantenimiento directamente.
El déficit gubernamental no sólo es operativo, sino también de percepción de la conveniencia de los intereses generales de la población y de las finanzas públicas, porque en este caso, de acuerdo con información oficial del ayuntamiento de Toluca, los trabajos de bacheo lo están efectuando el gobierno estatal y la comuna de la capital del Estado.
Participan junto con la empresa contratista en la conservación, corrección de baches y mantenimiento los dos órdenes de autoridad; es decir, realizan los trabajos por los cuales se paga una alta suma a una empresa particular en contratos con la figura de “Proyectos de prestación de servicios” (PPSs, sustituidos ahora por la de “Asociación público-privada”.
Estamos ante el clásico ejemplo de transferencia indebida de fondos públicos a particulares, que cobran por un trabajo que llevan a cabo el gobierno estatal y el ayuntamiento. Ya es grave que se contraten y paguen grandes sumas a empresas para reparar carreteras y vialidades, porque el gobierno tiene un organismo específico para cumplir esas tareas, pero es mucho más grave e inexplicable que los trabajos de todos modos los lleven a cabo las autoridades, lo cual no deben permitir y sí sancionar las autoridades fiscalizadoras del gasto público, pues su erogación de esta forma es contraria a la sociedad y finanzas.
