*Buscaban la represión para acusar al gobierno federal de violador de los derechos humanos.
De la redacción
José Cruz Roldán, un cuadro priista y ex funcionario de ayuntamientos priistas de Ecatepec, invadió el 2 de octubre -junto con mil 200 personas- una extensa área del ex vaso del Lago de Texcoco, en territorio perteneciente a San Salvador Atenco. Ante el riesgo de volver a ser encarcelado, días después retiró a su gente del predio.
Esta nueva acción de “paracaidismo” en tierras federales tiene todos los ingredientes propios de las provocaciones al gobierno de la República, colocado en una posición de salida difícil: o permitía el despojo de tierras y aplica la ley o desalojaba a las familias lideradas por Cruz Roldán, con el riesgo de ser acusado de represor y violador de los derechos humanos. Fue bueno que no hubiera ni uso de la fuerza, ni impunidad.
El dirigente de los paracaidistas pertenece a la Confederación Agrarista Mexicana (CAM), afiliada al PRI, y sostiene que las tierras pertenecen al pueblo de Santa María Tulpetlac, de Ecatepec, por cédula real de 1809.
La información no parece tener sustento, porque en ese tiempo la superficie invadida era parte del Lago de Texcoco, y ninguna autoridad dota tierras que están en el fondo de un cuerpo de agua, además, Cruz Roldán tiene antecedentes de invasor, y ya por una de las numerosas ocupaciones ilegales de tierras estuvo preso nueve años.
En esta invasión participaban personas que no son de Santa María Tulpetlac, sino de municipios vecinos y hasta de la Ciudad de México, lo cual echaba por tierra el argumento con el cual el representante de los invasores buscaba justificar el apoderamiento ilegal de tierras nacionales administradas por la Comisión Nacional del Agua.
Dirigentes de invasiones de terrenos, que contaron y cuentan con protección de autoridades, son los culpables de la anarquía en la expansión de las ciudades mexiquenses, porque promovieron la ocupación de tierras de propiedad social y de particulares.
Los problemas resultados de esas actividades ilícitas son numerosos e incluyeron el delito de despojo e ilegal tenencia, que no ha podido ser resuelto, a pesar de más de cuatro décadas de esfuerzos gubernamentales de regularización.
Todavía existen cerca de 300 mil familias ocupando viviendas sin tener legalizada su propiedad, precisamente, porque fueron engañadas por expertos en invasiones, quienes aprovecharon la necesidad de un sitio en donde vivir, ofrecido a precio accesible, porque no era de los vendedores.
Otros aspectos de la problemática social creada por gente como José Cruz Roldán fuero el desorden en la construcción de viviendas, pus no dejaron áreas libres para la introducción de servicios básicos, y en numerosos casos la venta hasta de los espacios destinados a calles y vialidades.
En casi todos los casos de las invasiones de terrenos dados a partir de la década de los sesenta del siglo pasado en la región mexiquense del Valle de México las tierras no contaban con servicios básicos, ni había condiciones para dotarlos, por lo que generaron otro grave problema social extra, en detrimento de cientos de miles de familias.
