Inicio Macario Lozano Coordenadas Políticas – Macario Lozano -Sueldos de Ministros: Privilegio Inconstitucional

Coordenadas Políticas – Macario Lozano -Sueldos de Ministros: Privilegio Inconstitucional

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COORDENADAS POLÍTICAS

OFENSA PARA LOS MEXICANOS LOS PRIVILEGIOS Y

SUELDOS DE LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE

Más de 200 años después de expedirse “Los Sentimientos de la Nación”, por el líder independentista José María Morelos y Pavón, en los cuales propuso moderar la opulencia y la indigencia, y condenaba los privilegios y fuero, y a pesar de lo que expresamente manda la Constitución, ministras y ministros de la suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ganan más que el presidente de la República, pero sus prestaciones de plano resultan una ofensa a los mexicanos y prueban con ello que están divorciados de la realidad y problemas de la población. Y nada de eso se sabía, hasta ahora.

El medio informativo “El Espectador” (del Estado de México, no el de Colombia), hizo y difundió un análisis comparativo sobre ingresos y privilegios que tienen el cuerpo de 11 ministras y ministros, que violan la constitucionalidad que están obligados a defender, y prueba que la SCJN no puede entender la realidad de las familias mexicanas, porque saben lo que es carencia económica, ni lo que cuesta la vida de la abrumadora mayoría de las 35 millones de familias mexicanas.

Ya escandalizaba que ganaran cerca de 3 veces más que el presidente de la República, cuando la Constitución establece que ningún funcionario público puede ganar más que el titular del Poder Ejecutivo Federal, pero esa violación constitucional, reprobable en términos cuantitativos, es menor frente a los privilegios que tienen ministras y ministros, en un país en el cual, a pesar del aumento acumulados en 4 años al salario mínimo de 160 por ciento, todavía este ingreso mensual es de poco más de seis mil pesos.

Estos funcionarios cúpulas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial Federal reciben por aguinaldo el equivalente a 8 años de salario mínimo; es decir, un trabajador de este nivel de ingresos, de los que todavía en la economía formal existe más de cinco millones y muchos más en la informal, debe laborar 8 años y ahorrar todos sus ingresos, sin gastar en pasaje, ni en comida, ni en ropa, para poder renuir el monto que reciben cada diciembre por esta prestación las ministras y los ministros.

Y mientras los trabajadores de los sectores público y privado deben gastar en pasaje y comida, los citados servidores públicos disponen al año de 723 mil pesos al año para alimentarse fuera de las instalaciones de la SCJN, porque en el interior disponen de un comedor con cocineros de talla internacional y caras bebidas alcohólicas gratis; es decir, sólo si por antojo quieren comer en restaurantes comerciales, reciben esos cientos de miles de pesos al año, que equivalen a lo que gana un asalariados de la paga mínima legal en 10 años.

Todos los trabajadores pagan de sus ingresos el transporte para ir al centro laboral y regresar al hogar, pero las ministras y ministros ignoran que eso cuesta y lo cubren los asalariados de sus ingresos. Ellas y ellos dispone para acudir a sus lujosas oficinas de dos camionetas “Suburban” blindadas, cuyo precio es de tres millones de pesos y se las cambian cada dos años.

Tampoco pagan la gasolina de esos vehículos, pues les entregan adicionalmente 23 mil pesos mensuales para combustible, lo que es un exceso, porque laboran 5 días a la semana; es decir, 20 días al mes, y los trayectos son cortos, sólo de sus mansiones a la Corte y retornar al seno familiar. Los contribuyentes les pagamos m´s de mil pesos diarios en gasolina.

Para cuando se enferman, además de tener seguridad social en el ISSSTE, tiene un seguro de gastos médicos mayores hasta de 30 millones de pesos, para atenderse en hospitales privados, y cuando retiran reciben una compensación de 12 millones de pesos, y les regalan las dos camionetas blindadas. Todo esto en una nación en la cual millones de las familias no tienen para comprar la canasta básica, lo que no preocupa a los garantes de la vigencia de la Constitución.

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