*Los juicios de amparo ni siquiera concluyeron, denunció Pablo Gómez.
GABRIEL L. VILLALTA
Jueces de amparo y juicios civiles beneficiaron en los últimos años a presuntos delincuentes, tanto de grupos criminales como de “cuello blanco”, denunció Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
A denuncia de la UIF fueron congeladas cuentas bancarias por un monto global de 32 mil millones de pesos, correspondientes a personas sospechosas de delinquir y cometer el delito de “operación con recursos de procedencia ilícita”.
No obstante, mediante juicios de amparo las juezas y jueces del Poder Judicial Federal descongelaron depósitos por una suma total de 23 mil 575 millones de pesos, beneficiándose de esta forma a quienes pudieron haberse dedicado a lo que popularmente se conoce como “lavado de dinero”.
Gómez Álvarez, uno de los principales dirigentes del Movimiento Estudiantil de 1968, preso político y exiliado durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, explicó que la liberación de esas cuentas bancarias se hizo con suspensiones provisionales o definitivas; es decir, sin que concluyera el trámite para resolver el fondo de los juicios de garantía.
Las juezas y jueces de amparo beneficiaron a presuntos y presuntas delincuentes, sospechosas de “lavar dinero” proveniente de actividades criminales, incluyendo a exfuncionarios corruptos.
Uno de los casos más notorios fue el de la esposa de Genaro García Luna, denunciada penalmente por delincuencia organizada. Como parte de la red delictiva de su marido, preso en Estados Unidos por sus vínculos con el “Cartel de Sinaloa”.
García Luna fue el más poderoso miembro del gabinete del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Era secretario de Seguridad y tenía como obligación combatir a los delincuentes, pero lejos de eso, formaba parte de la delincuencia organizada, según las autoridades judiciales estadounidenses.
En esas condiciones, en el anterior sexenio la esposa del exfuncionario fue acusada de formar parte de la red delictiva de su marido, específicamente para “lavar dinero” obtenido de actividades criminales. Por eso le congelaron sus cuentas bancarias.
El titular de la UIF advirtió que al liberarse fondos de presuntos delincuentes se les fortalece su situación financiera y disponen de dinero para seguir financiando sus actividades delictivas.
Los 23 mil 575 millones de pesos liberados representaron cerca del 75 por ciento de los 32 mil que estaban congelados a funcionarios corruptos y a grandes delincuentes, que fueron beneficiados por juezas y jueces de amparos.
Con suspensiones provisionales o definitivas los afectados por la medida cautelar pudieron retirar su dinero, independientemente de lo que fueron las resoluciones finales de los juicios de garantía, criticó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, organismo adscripto al sector de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
