CON APOYO OFICIAL, INVASIÓN
DE CASAS Y ROBO DE AGUA P.
TAMPOCO SE COMBATÍA LA DEVASTACIÓN ILEGAL
E IRRACIONAL DE LOS BOSQUES, QUE CONTINÚA
En otras ocasiones hemos examinado el tema de la protección gubernamental a las actividades de la delincuencia organizada en materia de despojos de vivienda, robo de agua potable y depredación de la riqueza forestal, con daños al equilibrio ecológico y destrucción de las condiciones que favorecen las lluvias y la recarga de las reservas subterráneas de agua y alimentan las superficiales.
Vale la pena insistir en el análisis, porque los problemas en estas materias continúan. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer hace unos días la detención en flagrancia de invasores de inmuebles, cuando ya habían pasado semanas de iniciado el combate a fondo del delito, con la captura de importantes mandos criminales de la materia, prueba de que las acciones punitivas no lo han inhibido, como debía ser, precisamente, por la protección que segmentos gubernamentales le brindan a los delincuentes.
Debe reconocerse que los tres graves problemas, como los de narcomenudeo, el secuestro, el homicidios, la extorsión y trata de personas no iniciaron con el actual sexenio, sino que en algunos casos llevan décadas, sin que siquiera la población conociera su dimensión, porque no se combatía ni se detenía a los culpables.
Apenas ahora se combate el despojo de vivienda y las extorsiones que lo acompañan por parte de una delincuencia organizada “sui generis”, porque no se oculta y sus mandos actuaban y actúan aún disfrazados de dirigentes de organizaciones sociales, con reconocimiento de autoridades municipales y estatales, y poderosos políticos.
No obstante, sus tropelías contra familias dueñas de viviendas, muchas veces contaban con el apoyo u omisión de cuerpos de seguridad municipales y estatales, lo mismo que de servidores públicos de otras áreas, estatales, como lo prueba el ejercicio de la acción penal, que incluye notorios públicos, agentes ministeriales que no judicializaban muchas las carpetas de investigación y jueces penales que no expedían órdenes de aprehensión contra los acusados. Los fedatarios legalizaban los despojos, para vender o rentar los inmuebles por parte de los criminales.
Esa protección se daba o se da en el robo de agua, pues quienes instalaban tomas clandestinas en las tuberías de conducción y distribución, perforaban y explotaban pozos sin concesión, y a la vista de todos, comercializaban el producto robado en pipas en las colonias y aun lo suministraban a empresas, con absoluta impunidad.
Estas dos actividades delictivas pudieron combatirse y erradicarse, porque era y es fácil identificar y encontrar a los culpables, pues la invasión y ocupación de una vivienda y la venta de agua potable robada no son conductas criminales ocultas, difíciles de detectar por las autoridades.
Lo mismo ocurre con la tala clandestina irracional, que es fácil de detectar, porque los “rapamontes” la ejecutan con mucho ruido de las motosierras, uso de hachas y el estruendo de los grandes árboles cuando son derribados, además de que el producto robado es transportado por las carreteras a los grandes centros de consumo de madera, carreteras que tienen vigilancia policiaca, por lo que no es irresponsable hablar de protección cobrada para la impunidad y libre desarrollo de la devastación de los bosques mexiquenses.
