*Se trata del cambio más importante que ha tenido el Poder Judicial en la historia del México independiente.
De la redacción
A las 24 horas de ayer terminó una época dorada en la cúpula del Poder Judicial Federal, iniciada en enero de 1995, previa reforma constitucional un mes antes, impulsada por el entonces nuevo presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León. Con apoyo del PAN y una mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso de la Unión, éste se deshizo de la totalidad de ministras y ministros, que en ese tiempo eran 26, y designó a 11, sin que el poder fáctico mediático lo acusara de querer controlar al Poder Judicial.
Este día asumen sus cargos una parte de las juezas y jueces de distrito, magistradas y magistrados de tribunales circuito, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyo número se reducirá de los 11 de ayer a los nueve actuales, con la diferencia de que las y los nuevos fueron electos por los votantes (aunque con una alta abstención), no por el Senado y a propuesta de la presidenta de la República, como había sido de manera histórica.
Iniciará una nueva era con estricto respeto a las disposiciones constitucionales, violadas siempre, como esa de que ningún servidor público de elección popular o de designación debe ganar más que la presidenta de la República, ni disponer de privilegios que, sumados a sus salarios, superaban los 800 mil pesos por ministra y ministro.
La reforma judicial encontró férrea resistencia e intentos de boicot por parte de 8 de los 11 integrantes de la SCJN, quienes dispusieron del respaldo de la ultraderecha empresarial y de sus grandes medios informativos, que consideraban al máximo tribunal constitucional del país como su propiedad y a su servicio, pues la Corte no tenía contacto alguno con la gente humilde.
En cambio, sus miembros asistían a fiestas y convivían con los representantes del gran capital, inclusive con dueños de los más prestigiosos despachos, que litigaban ante la SCJN cuestiones de impuestos y lograban que declararan inconstitucionales leyes que beneficiaban a la mayoría de los mexicanos y limitaban sus privilegios.
Ese cuerpo de ministros y ministras alentó violaciones a la constitución, cuya vigencia era su principal responsabilidad, no solo al no respetar el tope salarial constitucional, sino que fueron más allá al inducir a magistradas, magistrados, juezas, jueces y empleados del Poder Judicial Federal a sostener un paro ilegal de tres meses, para impedir el proceso de la reforma judicial.
Los juzgadores incurrieron en el delito de obstrucción de la justicia al abandonar sus funciones, pero en lugar de ser sancionados, junto con el personal de apoyo, recibieron íntegros sus salarios, porque la presidenta de la anterior SCJN, Norma Lucía Piña Hernández era la principal opositora a esa reforma, y utilizaba a juzgadoras y juzgadores como grupo de choque, en agravio de la impartición de justicia.
A partir de hoy ninguna ministra, ministro, magistrada, magistrado, jueza, juez u otro servidor público judicial ganará más de lo que percibe la presidenta de la República (tan sólo para comer los 20 días hábiles de cada mes recibían por este concepto 65 mil pesos, mientras los trabajadores de salarios mínimos pagan de sus ingresos un taco o una torta). Terminarán los abusos.
Otro objetivo central de la reforma judicial, con la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano administrativo, es el de terminar con la corrupción en sus diversas modalidades, incluyendo el nepotismo, que convirtió al Poder Judicial Federal en un costosa bolsa de trabajo en beneficio de familias completas de magistradas, magistrados, juezas y jueces.
Para llegar a esta fecha la reforma judicial enfrentó una rabiosa campaña en su contra, por parte de quienes se sentían dueños del Poder Judicial, el único de los tres que no era de elección popular. Desde adentro de la institución, además del paro ilegal, se intentó usurpar funciones del legislativo y dictar fallos contra la reforma, para lo cual no tenían facultades. Aun así, los ministros se fueron con una pensión garantizada de 250 mil pesos mensuales, cuando el promedio de las pensiones de los trabajadores de la iniciativa privada es de 8 mil pesos al mes.
