*El fenómeno pasó desapercibido por todas las autoridades mexiquenses hasta abril de este año.
De la redacción
Durante varios años hasta abril de este año, los grupos criminales despojaron a decenas de miles de propietarios de viviendas. Actuaron impunemente, con protección de autoridades municipales y estales, notarios y jueces.
Fue necesario que una mujer de la tercera edad, de nombre Carlota “N”, matara a tiros a dos hombres que le habían quitado su vivienda en Chalco, lo cual se hizo viral en el Estado, en la República y en el mundo, para que las autoridades mexiquenses decidieran combatir a los grupos delictivos y comenzar a recuperar los inmuebles arrebatados a sus dueños.
Fue necesaria la participación de las fuerzas federales, y emplear su capacidad técnica, disciplina, preparación, armamento y peso numérico para contrarrestar a las organizaciones criminales que utilizaban diversas modalidades delictivas para apoderarse de inmuebles.
A la fecha se han recuperado cerca de mil viviendas y entregadas ya a sus legítimos dueños más de 500, pero el problema creció mucho porque lo dejaron crecer, y hasta ahora nada se ha informado si se ejerció acción penal contra los notarios y jueces corruptos que ayudaron a las organizaciones delictivas a legalizar las viviendas obtenidas mediante la fuerza y amenazas de las armas.
La Fiscalía, a cuyo nombre los jueces otorgan las órdenes de cateos, informó que hasta ahora se han encontrado delitos de despojo en 25 municipios, incluyendo los más poblados y ricos, como Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Coacalco, y los de más habitantes, como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Nicolás Romero, Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli, y hasta en municipios rurales, como Temoaya.
