*Las demandas de transportistas y otras organizaciones, aunque legítimas, no justifican la afectación a los derechos de terceros.
De la redacción
Los dirigentes de la organización Asociación Nacional de Transportistas (ANT) perpetran delitos, y son delincuentes, aunque no tengan abiertas carpetas de investigación, al violar el derecho constitucional de los mexicanos al libre tránsito, e incurren en conducta penal al bloquear carreteras, lo cual está tipificado como ataques a las vías general de comunicación en la legislación punitiva federal.
Abusan del clima de libertades implantado por el gobierno federal desde hace siete años, cuya existencia niega el sicariato mediático al sostener que estamos en una dictadura, cuando en países donde se reprimen las libertades los promotores del paro estarían presos. No ocurre eso en México, por ello los delincuentes dueños de empresas transportistas -ligados a partidos antes gobernantes y ahora en la oposición- gozan de impunidad.
Por si hubiese dudas de que los bloqueos forman parte de la estrategia desestabilizadora contra el gobierno morenista de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de su partido y de la cuarta transformación, está el comportamiento de los medios informativos que hacen apología de esos delitos, al presentar en las entrevistas de sus periodistas a los promotores del paro como héroes.
Llama la atención que en los tres días de problemas a la circulación en carreteras en esas entrevistas no les hayan preguntado a los dirigentes de la ANT si saben que lo que están haciendo violan el derecho de tránsito de los mexicanos. Menos los cuestionan si saben que sus actos constituyen el delito de ataques a las vías de comunicación, delito del fuero federal y castigado con cárcel.
En esas conversaciones de conductores de noticieros de radio y televisión sólo se recoge la denuncia de los robos en carretera a camiones de transporte de mercancías, y tampoco toman en cuenta los datos estadísticos de un órgano con autonomía constitucional, como es el INEGI, que reporta una disminución de estos delitos del 56 por ciento en comparación con los cometidos en el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto; es decir, en 2018.
Ese año se cometieron 56 por ciento más robos al transporte de carga en las carreteras, y entonces los dirigentes de la ANT no mostraban preocupación ni mucho menos organizaba cierres de carreteras de la dimensión del que sostienen en estos momentos, con grandes pérdidas para la economía nacional y para las empresas.
Con esta decisión tomada y la apología del delito que hacen los grandes medios informativos y sus periodistas, quienes les mantienen abiertos sus micrófonos para que ataquen al gobierno, se puede concluir que todo forma parte de la estrategia de la ultraderecha empresarial para irritar a la población contra el gobierno.
Si los delitos que sufren los transportistas bajaron 42 por ciento en un año, no se justifican las protestas al margen de la ley (porque los derechos de uno terminan donde comienzan los de los demás), pero si ahora además cierran carreteras libres y de cuotas, no es irresponsable hablar de motivos políticos partidistas desestabilizadores; sobre todo, cuando se difundió que los dirigentes han sido alcaldes y diputados locales del PAN y del PRI, y que el dirigente que organizó el paro transportistas en Tamaulipas fue el coordinador en su estado de la campaña electoral de la candidata presidencial del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez.
