*Las cárceles de donde salen más extorsiones telefónicas, de CDMX y Edoméx.
De la redacción
Las cárceles, especialmente las de la Ciudad de México y de la entidad mexiquense, están convertidas en centro de operación de los extorsionadores. Desde el interior de las mismas operan estos grupos criminales.
De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que integran autoridades del ramo del gobierno federal y los 32 estatales, la mayor parte de las llamadas telefónicas con fines de extorsión las hacen delincuentes presos.
Entre julio de este año, cuando se institucionalizó el número telefónico 089, especializado para recibir demanda de auxilio de víctimas de este delito, y el 30 de noviembre pasado se hicieron más de 102 mil llamadas a ese número, para denunciar estar siendo víctima de extorsionadores.
Del total de solicitudes de apoyo a las autoridades, el 56 por ciento fueron víctimas de llamadas telefónicas hechas desde centros de reclusión; es decir, las autoridades no han podido someter al imperio de la ley, ni a los delincuentes que tiene presos. Es decir, en más de la mitad de los casos estuvieron involucrados miembros de grupos delictivos que están en prisión.
Desde hace vario años se anunció que se terminaría con las llamadas de extorsión salidas de los centros de reclusión, tanto la de propiedad del gobierno federal como de las de las entidades federativas.
Incluso se gastó en la adquisición de equipos inhibidores de señales, pero a juzgar por la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las medidas no funcionaron.
En este tipo de intentos de delitos de parte de criminales presos destacan los que se encuentran en centros de readaptación social del Estado de México y de la capital de la República, donde los problemas siguen.
En el caso de los penales de la entidad mexiquense, además de este problema, existe el de las extorsiones a familiares de los internos y control de los penales por grupos de presos, según denunció la organización “Presunción de Inocencia y Derechos Humanos” del Estado de México.
Familiares de detenidos se quejaron también de que una empresa privada que cobra varios millones de pesos al año por proporcionar alimentos a la población carcelaria, entrega comida de mala calidad, preparada en condiciones antihigiénicas y con frecuencia la entrega en la mano, porque no quiere gastar ni en platos.
El SESNSP y autoridades federales del área de penales anunciaron que en breve pondrán en marcha otro programa de inhibidores de señales de teléfonos en los centros de reclusión y que en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas la medida se aplicará en los penales de la federación y de los estados, además se combatirá la corrupción, porque eso explica la presencia de teléfonos celulares en manos de los presos, lo cual está terminantemente prohibido.
