*Pese a las dificultades que representó el paro estudiantil y la suspensión de actividades universitarias, hubo alto cumplimiento.
De la redacción
A pesar de la suspensión de actividades parciales o totales en los espacios académicos, de investigación y difusión de la cultura en la Universidad el año pasado, sus servidores cumplieron en un alto porcentaje con la obligación de presentar su declaración patrimonial, de interés y, en los casos previstos por la norma, con su declaración fiscal, que abarca a un segmento no muy numeroso del total de quienes laboran en la docencia o en las funciones administrativas.
De acuerdo con el informe anual del Órgano Interno de Control (OIC), que encabeza María Teresa de Jesús Camarena, aun con la suspensión de las actividades sustantivas de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, se trabajó con un esquema que facilitó cumplir con esta obligación legal de los servidores universitarias. Un alto porcentaje presentó en tiempo y forma la documentación correspondiente a su situación patrimonial anual, o por ingreso y conclusión del servicio.
En total fueron 7 mil 692, de los cuales 7 mil 083 fueron por modificación al patrimonio; 269, por ingreso a la UAEMéx como servidores y el resto, por haber dejado sus funciones. Sólo 98 personas incumplieron la obligación, quienes deberán cumplirla en forma extemporánea y con las sanciones correspondientes, inclusive pueden ser objeto de una evaluación a fondo de la evaluación de sus bienes, como lo establecen las leyes aplicables, incluyendo las disposiciones reglamentarias.
Cabe destacar que eEl Órgano Interno de Control no es un ente de la UAEMéx; es decir, sus titulares no son nombrados por las autoridades de la institución, sino por el Congreso Local, por ello tiene plena libertad para cumplir sus numerosas funciones, desde investigaciones de irregularidades administrativas no graves hasta conductas que pueden constituir delito, en cuyo caso debe turnar los expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TJAEM) o ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Entre las funciones destacan las de investigar incumplimiento de responsabilidades asignadas, no observar buena conducta, dar trato irrespetuoso, incurrir en delitos de cohecho y peculado, uso indebido de de recursos de la institución, uso indebido de información oficial, abuso de funciones, cometer o tolerar conductas de hostigamiento laboral y sexual, cometer conflicto de interés, tráfico de influencia, encubrimiento, desacato, obstrucción de la justicia y colusión.
El año pasado recibió 177 denuncias y todas fueron radicadas, de las cuales 143 siguen en trámite. En 2025 recibió denuncias de años anteriores, y entre los hallazgos más relevantes figuró un caso de peculado, por un monto superior a un millón 302 mil, que está en proceso y corresponden a la gestión rectoril del 2023 e involucra a dos personas que formaron parte del gabinete de la Rectoría en aquel año, detalló el ente que tiene también facultades para realizar auditorías y revisar el tema de asistencia.
Dicho informe de la titular del OIC dio a conocer que detectó 168 casos de personas que recibieron exceso en pagos, especialmente en los montos de aguinaldos, correspondientes al 2023, por lo cual se les notificó y exigió la devolución de los montos excesivos. Del total de los 70 servidores universitarios que recibieron aguinaldos de más, 58 reintegraron los montos y tres están en vías hacerlo, mientras nueve se negaron a reintegrar el dinero recibido de más, por lo que se les cobrará por otros medios.
El OIC debe entregar cada año un informe a la representación popular del Estado, de donde depende, de acuerdo con el marco jurídico que regula la lucha contra la corrupción. En el caso del que funciona en la Universidad Autónoma del Estado de México, su presencia contribuye a inhibir conductas lícitas o irresponsabilidad en el desempeño de los cargos, porlo que en los hechos es un poderoso factor en la lucha para erradicar la corrupción, que enarbola la nueva rectora.
