*Por edad avanzada y enfermedades, Carlota “N” seguirá su proceso en su casa.
De la redacción
La señora “Carlota”, quien ejecutó a dos hombres que se habían apoderado de una casa de su hija, en el municipio de Chalco, seguirá su proceso penal en su domicilio, por gestiones de su defensa y familiares, sustentados en su edad de 72 años y padecer diversas enfermedades.
Su caso adquirió relevancia informativa porque puso al desnudo el grave problema del impune despojo de viviendas, predios sin construir e inmuebles dedicados renta para negocios en suelo mexiquense, y obligó a las autoridades estatales y federales a combatir el fenómeno criminal.
Y es que la justicia por mano propia por parte de Carlota “N”, afuera de la vivienda invadida, se hizo viral y obligó al gobierno de la entidad y la federación a diseñar y ejecutar una estrategia basada en la “Operación Restitución”, aprovechando denuncias penales, órdenes de aprehensión y acciones contra delincuentes en flagrancia.
Comenzó a combatirse el delito de despojo de bienes inmuebles, que hasta la semana pasada había recuperado más de mil 700 casas y predios en 67 municipios del territorio del Estado de México.
Las denuncias suman miles y a principios de abril del año pasado, cuando la mujer de la tercera edad ejecutó a dos de los presuntos invasores de la casa de su hija y se lesionó a un menor de edad, ya estaban los expedientes, pero las autoridades nada hacían para hacerle justicia a las víctimas.
Quienes ocupaban el inmueble de su hija, en la colonia Hacienda de Guadalupe, en la comunidad de Tlapala, municipio de Chalco, se negaron a liberarla y discutieron con la propietaria, lo cual desencadenó los hechos sangrientos.
Fue detenida “Carlota “N”, su hija Mariana “N” y su hijo Eduardo “N”, además de un invasor, el cual reconoció su participación en la ocupación ilegal de la casa y fue condenado a 6 años de prisión, además de pedir disculpa a la dueña del inmueble.
Otra mujer del grupo fue detenida y está vinculada a proceso y otra más anda prófuga. Los despojos de viviendas en el Estado los organizaban organizaciones criminales que se hacían pasar como de la sociedad civil.
Carlota “N” portará un brazalete electrónico, entregó su pasaporte, por lo que no podrá abandonar el país, depositó una fianza de 250 mil pesos y quedó obligada a acudir al juzgado de la causa penal cuando se le requiera, mientras sus hijos siguen en el mismo penal de Chalco.
