*Lo recuperado no llegó a los 10 millones de pesos, según informó el OSFEM.
De la redacción
Las auditorías y revisiones al gasto público estatal y de los ayuntamientos, que globalmente debieron superar los 420 mil millones de pesos, arrojaron un reducido monto de fondos recuperados.
De acuerdo con el informe de Resultados 2025 del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, dependiente del Poder Legislativo mexiquense, ejecutó más de cinco mil procedimientos de auditorías.
Y de ese trabajo derivaron seis mil 700 observaciones y se detectaron y calificaron de grave 32 presuntas faltas administrativas, lo cual habla de mucho trabajo auditor y revisor del gasto público estatal y de los gobiernos municipales.
No obstante, los fondos recuperados son por demás reducidos, tomando en cuenta el monto del gasto de las autoridades mexiquenses y de los 125 ayuntamientos y organismos auxiliares de carácter municipal del año referido.
El dinero público recuperado fue de poco más de 7 millones de pesos de entidades públicas. Las autoridades del OSFEM no explicaron a qué obedeció esa recuperación tan pequeña.
Sobretodo cuando el universo de entes públicos estatales y municipales objeto de fiscalización y verificación por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México suma 547.
Tampoco informó si existen otros procesos de recuperación de fondos desviados, y mucho menos dio a conocer qué pasó con las irregularidades graves que detectó en el ISSEMYM cuando presidía su consejo de administración Trinidad Franco Arpero, entonces oficial mayor del Poder Ejecutivo del Estado.
El OSFEM elaboró 26 informes relacionados con presuntas responsabilidades administrativas, que dieron lugar a 87 sanciones y el seguimiento a 8 denuncias penales en curso.
Desde hace años los informes de cuentas públicas reportan irregularidades graves en el ejercicio del gasto público, especialmente por obras no ejecutadas, obras no concluidas y pagadas en su totalidad, adjudicaciones directas con abierta violación a las leyes para compras u obras públicas.
No obstante, no se conoce un solo caso de un alto servidor público encarcelado por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Las sanciones de este tipo aplicadas durante los gobiernos priistas fueron muy pocas y obedecieron más a ajustes de cuentas entre los grupos internos del que fue partido casi único.
En el actual sexenio de otro signo partidista e ideológico tampoco se han encarcelados a funcionarios importantes, ni en el ISSEMYM, donde cada año se detectan caso graves de daños al patrimonio del organismo.
