*Atenderán el problema de las dificultades de familias de periodistas cuando mueren.
De la redacción
El Poder Ejecutivo mexiquense reconoció implícitamente la dura realidad económica de un alto porcentaje de periodistas, especialmente quienes se desempeñan en la informalidad.
Y es que en la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, presentada al Poder Legislativo se admite esta realidad y se busca atenderla.
Un componente de la propuesta evidencia esta situación que no debería existir: se apoyará a familiares de los periodistas que fallezcan. Se les financiarán los gastos funerarios, para evitarles problemas económicos.
El gremio periodístico ha tenido tristes experiencias de miembros que dejan de existir y sus familias se ven en grandes aprietos para costear lo relacionado con el sepelio, por los ingresos precarios que obtienen y no les procuran capacidad de ahorra para emergencia de este tipo. Y el tema se evade, por lo triste.
La propuesta es saludable, pero tiene una limitante: sólo aplicará el respaldo económico para gasto funerario si el periodista fallece como consecuencia del ejercicio de su actividad, cuando los requerimientos de ayuda la tienen un alto porcentaje de familias que pierden al miembro informador profesional, así sea por causas naturales, por lo que es deseable que cuando se apruebe la iniciativa se suprima el requisito en cuestión.
En realidad, la informalidad en el periodismo se presenta aun en empresas del ramo legalmente constituidas, pero que no cumplen con sus obligaciones patronales de inscribir a todos sus trabajadores en el régimen de seguridad social, pero lo consienten las autoridades laborales.
También están los periodistas que trabajan por su cuenta, quienes, salvo excepciones, no solicitan su inscripción en el régimen de seguridad social, y tienen problemas cuando enferman o enferman sus familiares dependientes.
La iniciativa del Poder Ejecutivo incluye la capacitación y profesionalización, que son obligaciones patronales, pero no aplica para los periodistas que se desempeñan en la informalidad.
Otro problema que no está en la citada legislación, pero sí en la laboral, es la del salario mínimo profesional, que muy pocas empresas editoras pagan y pocos informadores y fotógrafos profesionales reciben, a pesar de ser una obligación legal, cuyo incumplimiento es causal de hasta cárcel para el patrón.
