*La mandataria ordenó bloqueos carreteros y de vialidades, inclusive que cavaran zanjas en zona céntrica.
De la redacción
Más de 20 mil habitantes de Chihuahua (según cálculos de los organizadores), demandaron juicio político, desafuero y aplicación de la ley que sanciona el delito de traición a la patria contra la gobernadora de ese estado, María Eugenia Campos Galván, por permitir la participación de agentes de la CIA en operativos antinarcotráfico, el pasado mes.
Morena, organizadora de la marcha y mitin, denunció intentos del gobierno panista de boicotear la manifestación, para lo cual recurrió a bloqueos de carreteras, atribuidos por ella a organizaciones campesinas, las cuales ya se deslindaron y evidenciaron la maniobra de la mandataria para impedir el ejercicio del derecho constitucional de manifestación, libre tránsito y libertad de expresión y petición.
Morena, cuya dirigente nacional, Ariadna Montiel Reyes encabezó la movilización y fue la principal oradora del mitin, denunció que un día antes el intento de frustrar el acto llegó a tanto que los panistas cavaron zanjas en calles cercanas al lugar de la concentración, para impedir la circulacion de autobuses con manifestantes.
La comentocracia de la Ciudad de México, que cuando el gobierno de la República coloca vallas para proteger monumentos históricos ante manifestaciones radicales no se cansa de hablar de “la deriva autoritaria”, nada mencionó de los bloqueos carreteros y vilaidades, ni de la mentira que atribuyó esos cierres a campasinos.
Morena anunció la recolección de firmas en Chihuahua para fortalecer su exigencia de juicio político contra la gobernante del estado de mayor extensión territorial del país, por haber violado la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y haber incurrido en traición a la patria, al permitir que cuatro agentes de espionaje estadounidense, de los cuales murieron dos en un operativo antidrogas, participaran en acciones con policías estatales y el Ejército, lo cual está claramente prohibido y sancionado por el marco constitucional y legal de México.
En otro orden, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó ayer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló precautoriamente cuentas bancarias de los diez sinaloenses, incluido el gobernador con licencia, Rubén Rocha, que son pedidos en extradición por Estados Unidos.
El gobierno mexicano está solicitando al de Estados Unidos pruebas de la presunta comisión de delitos de los integrantes del grupo, como lo exige el marco legal del país, pero hasta hoy no las ha aportado. Dos de esos reclamados por la justicia estadounidenses ya se entregaron a autoridades de la vecina nación, en ese territorio.
