*Por la falta de precedentes se dificultó legislar y la organización.
De la redacción
Continúa la organización de las elecciones en los poderes judiciales Federal y de los estados, y todo parece indicar que ya se superaron las dificultades presentadas desde el mismo proceso legislativo de reforma constitucional federal, de leyes secundarias y su expresión en las entidades federativas.
La representación popular federal tuvo que enfrentar y vencer furiosa resistencia de los poderosos intereses económicos y antipopulares que dominaban y tenían privilegios en un Poder Judicial Federal y especialmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que estaban a su servicio.
Contaron con su aparato de desinformación o poder fáctico mediático, que presentó y sigue presentando la elección de juzgadores como la peor calamidad en la historia del país.
Desde la presidencia de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández encabezó la oposición a la reforma al Poder Judicial Federal (en los estados no se presentó este problema), al grado de inducir a trabajadores, jueces y magistrados a llevar a cabo un “paro loco” de actividades, con pago íntegro de salarios y prestaciones.
En su, al final, inútil lucha contra la reforma electoral en el Poder Judicial Federal la cabeza principal de la Corte fomentó la violación a la propia Constitución y leyes secundarias, incluidas las penales, porque titulares y personal de todos los juzgados de distrito y de tribunales de circuito incurrieron en el delito de obstrucción de la justicia, al cerrar ilegalmente las instalaciones donde ésta se imparte.
El paro se efectuó sin sustento legal, porque en ninguna disposición constitucional o legal autoriza a juezas, jueces, magistradas y magistrados a suspender actividades, y es bien sabido que los servidores públicos pueden hacer sólo lo que expresamente les permiten y garantizan las leyes.
Esa resistencia se dio igualmente mediante suspensiones provisionales dictadas por juzgados de amparo a la aplicación de la propia reforma constitucional que ordenó la elección en el Poder Judicial, lo cual expresamente tienen prohibido; es decir, también violaron el estado de derecho, sin sanción alguna.
La propia presidenta de la SCJN, contra lo que indica la Constitución, cuya vigencia debe defender, por ser tribunal constitucional, sometió a votación un proyecto para frustrar la reforma constitucional.
En el colmo de lo faccioso y de oposición irracional, intentó considerar que la mayoría calificada para aprobar el proyecto se obtenía con 6 votos, porque la SCJN será integrada en septiembre próximo por 9 ministras y ministros.
Es decir, como si fuera una leguleya incompetente, quería aplicar una norma de 9 integrantes de la Corte, cuando son 11. Perdió la votación, pero quedó evidenciada la forma anticonstitucional en que conducía al tribunal constitucional.
Muchos obstáculos fueron vencidos, pero se debe resolver con otra reforma constitucional los obstáculos y complejidad que tiene el desarrollo del proceso electoral y que pueden expresarse en la jornada de votación del primero de junio próximo. Todos los ciudadanos e instituciones estamos aprendiendo y adquiriendo experiencia sobre la marcha, por la falta de precedentes de este cambio histórico.
