*Gobernantes municipales, hombres y mujeres, envueltos en escándalos.
De la redacción
Los partidos políticos incumplen con su obligación de imponerles a sus alcaldesas y alcaldes que operen con eficacia, honestidad y ética, como lo mandan sus documentos y principios.
La propia capital del Estado tuvo un alcalde que después fue encarcelado, acusado de varios delitos: Raymundo Martínez Carbajal, cuadro destacado del priismo mexiquense, ahora procesado en libertad.
Antonio Rodríguez, dos veces alcalde de Tlalnepantla, fue acusado públicamente por familiares de un colaborador, de haber estado atrás de la ejecución de éste. El mandatario municipal buscaba reelegirse, pero fue derrotado el año pasado.
En suelo mexiquense en los últimos años suman varios gobernantes municipales se han visto envueltos en actividades ilícitas. Esos son los casos de las alcaldesas de Amanalco y Santo Tomás de los Plátanos, los ahora ex alcaldes de Almoloya de Alquisiras y el esposo de la de Santo Tomás de los Plátanos, quien iba a relevarla en la presidencia de ese municipio de escasa población.
La mayoría de estos funcionarios y funcionarias de elección popular cayeron en cárceles por vínculos con células criminales de la delincuencia organizada, especialmente de la “Familia Michoacana”.
Antes enfrentò problemas con la ley el alcalde de Tianguistenco, y últimamente, la alcaldesa de Capulhuác, Selene Hernández Herrera, quien junto con una hija y una policía municipal, agredieron física y verbalmente a una psicóloga que prestaba sus servicios en el DIF de la demarcación.
Está separada del cargo por una licencia de 90 días, pero sus compañeros de cabildo desean que la licencia sea definitiva, y que sea relevada por alguien que designe la Legislatura Local.
En todos estos casos los partidos no han asumido su responsabilidad por haber postulado a cuadros que se apartaron de los principios de sus organizaciones políticas; es decir, por no capacitarlos ética e ideológicamente.
En el caso de Hernández Herrera, su víctima quedó con el rostro desfigurado por los golpes que le propinó la gobernante municipal, que actuó con ventaja, porque se hizo apoyar en la agresión por su hija y la uniformada.
Tiene acusación penal en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM); es decir, es presunta delincuente, cuando su obligación es la de mantener en orden y paz a su demarcación.
Ahora que se está combatiendo el delito de despojo de viviendas, hay señalamientos de que los criminales reciben protección desde el interior de los gobiernos municipales, ante lo cual los partidos proceden como si las autoridades de este nivel no hubieran surgido de sus filas.
