*En juicio debió efectuar audiencia inicial en 15 días y demoró ya dos años.
De la redacción
Jueces y magistrados del Poder Judicial Federal, deliberadamente retrasan el inicio de los juicios por adeudos fiscales de grandes empresas, con lo cual violan disposiciones expresas del Código Federal de Procedimientos, en perjuicio de los ingresos públicos.
Funcionarios de la Procuraduría Fiscal Federal expusieron que jueces y magistrados no respetan los plazos legales establecidos por el citado ordenamiento procedimental, pues cuando reciben la solicitud de efectuar la audiencia inicial de un caso deben llevarla a cabo en 15 días, pero no lo hacen.
Las autoridades fiscales dieron a conocer los casos prácticamente “congelados” de 13 empresas con fuertes adeudos fiscales, que no avanzan por el desinterés o maniobra clara de los funcionarios del Poder Judicial Federal.
Estos juicios, que en algunos casos enfrentan hasta tres o dos denuncias, están involucrados cerca de 130 mil millones de pesos, entre multas y recargos, monto global que sigue incrementándose con el paso del tiempo.
El problema cosiste en que los tribunales violan el plazo de 15 días para efectuar la audiencia inicial. En promedio, la demora es de 195 días; es decir, 13 veces el plazo que les fija la legislación aplicable en la materia.
El caso extremo de violación al citado Código de Procedimientos es el de una empresa “chatarrera”, cuya solicitud de llevar a cabo la audiencia inicial se presentó el 9 de agosto de 2022; es decir, hace dos años, y todavía no acatan la obligación de la norma de procedimientos. Retrasaron la audiencia inicial 49 veces el tiempo legal.
Este expediente involucra un adeudo fiscal de 19 mil 960 millones de pesos, que no pueden cobrar las autoridades fiscales a los evasores, por culpa de la deliberada demora de jueces y magistrados, pero especialmente de los primeros.
En este sentido, fue ampliamente difundido el caso más grave aún del expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, de quien hemos dado a conocer diversos comportamientos de conflicto de interés.
En un expediente de un recurso de revisión, presentado indebidamente por Ricardo Salinas Pliego, propietario de Televisión Azteca, Elektra, Baco Azteca y muchas empresas más, ante la SCJN, Aguilar Morales dolosamente pidió que se lo asignaran, sabiendo que no correspondía examinarlo una Sala, ni el pleno, sino un tribunal colegiado.
Se lo turnaron y lo guardó durante 10 meses. Fue evidente su interés en retrasar el caso hasta que terminara el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, para ver si el próximo gobierno olvida el asunto.
El monto reclamado en el expediente a revisión superaba (supera) los 26 mil millones de pesos, y prácticamente fue archivado por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo sacó del lugar donde lo ocultaba hasta que se lo exigieron sus pares. Elaboró un proyecto de sentencia favorable al evasor, pero ni siquiera fue sometido a votación, porque no correspondía a la Corte resolverlo. Es la misma línea de violación a la norma, por parte de los primeros obligados a acatarla.
