*La política federal de seguridad pública ha atendido los focos rojos en todo el país.
De la redacción
Guanajuato sigue ocupando el primer lugar nacional por homicidios dolosos, con un promedio de seis al día, pero los redujo mucho a partir de la llegada de la actual gobernadora, de acuerdo con los datos difundidos por el INEG y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los especialistas en el tema, las autoridades estatales y federales coinciden en que estos avances, que bajaron el promedio diario de muertes violentas intencionales de más de 11 a 6 diarias, son consecuencia de la colaboración y el trabajo coordinado de las fuerzas federales de seguridad y las del estado del Bajío.
En especial los homicidios dolosos fueron reduciéndose con la salida del anterior Fiscal General de Justicia de la entidad federativa, Carlos Zamarripa, quien entre sus cargos de secretario de Seguridad Pública del Estado y fiscal casi cumplió un cuarto de siglo. Acumuló tanto poder político que actuaba llevado por sus fobias políticas y acuerdos con la delincuencia organizada.
No quiso trabajar en forma coordinada con el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad y combate a a la delincuencia, hasta que fue obligado a renunciar tardíamente, cuando el crimen organizado dominaba al estado de Guanajuato, en gran parte, por su rechazo a trabajar de acuerdo con la federación, por su ideología ultraderechista.
La nueva gobernadora propuso al Congreso Local designar nuevo titular de la Fiscalía General del estado, y comenzó la colaboración con el gobierno federal, con buenos resultados, aunque la entidad federativa ocupa todavía el primer lugar en homicidios intencionales y en consumo de drogas, por la permisividad de Zamarripa frente al fenómeno del narcomenudeo.
Por cierto, antes de dejar el cargo se aumentó en forma exagerada su sueldo para obtener una alta pensión cuando se jubile, y colocó en una posición de poder a su esposa, a cambio de renunciar a la Fiscalía en forma anticipada, por el nuevo gobierno que no le permitió hacer y deshacer en materia de procuración de justicia.
