*Cuando se llega a castigar a corruptos, no se actúa contra sus corruptores de IP.
De la redacción
La corrupción en los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales federales y de los estados, ayuntamientos y organismos autónomos, descentralizados y auxiliares, y de los funcionarios de distintos niveles fue frecuente en el pasado, y en todos los casos estuvieron involucrados miembros de la iniciativa privada; es decir, empresarios corruptores.
No obstante, siempre permanecieron en la impunidad, y ni siquiera pagaron con desprecio social los grandes beneficios ilegales obtenidos en complicidad con funcionarios corruptos, lo cual no puede tolerarse más, de acuerdo con opiniones de expertos. La corrupción en sobreprecios impide que con el presupuesto se atiendan más necesidades sociales.
Entre ellos destaca el doctor en derecho, Victorino Barrios Dávalos, quien lleva décadas significándose por luchar eficazmente contra la corrupción, lo mismo en el Poder Legislativo que en la UAEMéx o el ISSEMYM.
Propone que las sanciones incluyan también a particulares que venden bienes y servicios y construyen obras con sobreprecios o de mala calidad y que se deterioraran en poco tiempo, en perjuicio de la población. Hasta ahora han cargan con el desprestigio los pocos corruptos denunciados y encarcelados, pero en el caso de los empresarios, la impunidad ha sido total.
Por lo general se reflexionó y criticó el enriquecimiento ilegal de los funcionarios de todos los niveles, quienes además de corruptos eran ostentosos y no ocultaban sus bienes adquiridos con fondos de procedencia ilícita, pero se pensó que las consecuencias negativas de la corrupción terminaban y se limitaban a los montos de fondos o bienes públicos sustraídos del patrimonio del país, los estados y municipios. Apenas en estos tiempos comienza a dimensionarse el daño que ocasiona la corrupción de los servidores públicos, más allá de los montos presupuestales.
Reflexiones del extitular del Órgano Interno de Control (OIC) de la Universidad Autónoma del Estado de México y excontralor del Poder Legislativo, y excontralor del ISSEMYM, Victorino Barrios Dávalos, plantean la urgencia de la prevención, combate y castigo a los corruptos del sector público y de la iniciativa privada. Se trata de una gran aportación al análisis del problema.
Hace falta profundizar sobre los alcances de la corrupción en la sociedad, y sobre la participación del sector privado en el daño al erario, que también apuntó el exjefe del OIC de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, porque siempre sólo se condena la corrupción de los servidores públicos, cuando los fondos y bienes públicos saqueados benefician mucho más, a los dueños de las empresas contratantes del poder público que a los funcionarios cómplices.
La corrupción pública-privada impide que se atiendan más necesidades de la población con el presupuesto, pero también por ese contubernio obras públicas y bienes adquiridos son de mala calidad, por lo que se deterioran rápido, en perjuicio directo de quienes son objeto de las acciones de gobierno. Y esto casi no se analiza. Se procede como si estos efectos perniciosos no existieran. Y quedan impunes.
Peor está en el caso de los particulares. No se conoce en los últimos 60 años un solo caso de un importante empresario encarcelado por participar en el saqueo de fondos y bienes públicos en el Estado de México, y el fin de la impunidad debe incluirlos también y sin demora.
