*Presunto actos corruptos involucran a miembros de poderes Legislativo y Judicial.
De la redacción
Por obligación legal, pero también por convicción debe investigarse siempre y en todas partes las denuncias de corrupción. Existe una muy delicada que involucra y daña la imagen de dos poderes y un organismo de alto contenido social, comentó Leoncio Mata Zárate, articulista de “El Espectador” y colaborador de “La Noticiería”.
Se refería al caso hecho público en la conferencia “mañanera del pueblo” de la presidenta Claudia Sheinbaum, relacionado con presuntos delitos cometidos en los procesos de adjudicación de contratos en el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM).
“Si no se aclara que la acusación fue falsa o que sí ocurrieron los actos de corrupción, pero se sancionaron, se afectará al Poder Legislativo, por el supuesto involucramiento de un diputado local en las maniobras ilegales”, advirtió.
De la misma forma, se perjudicará la imagen del Poder judicial, porque la denuncia pública presentada en Palacio Nacional menciona al magistrado, Rubén Maximiliano Alexander Rábago, esposo de la directora general del DIFEM, Karina Labastida Sotelo, agregó.
“Por si fuera poco, el personaje llegó al cargo por la vía electoral; es decir, mediante un método que buscó escoger a los mejores perfiles profesionales del derecho y honestos para integrar al Poder Judicial del Estado, y por ello el no aclarar la denuncia afectaría de paso a ese Poder y pondría en duda las supuestas bondades del método electivo aplicado por primera vez”, recalcó Mata Zarate.
“El DIFEM, cuyas funciones tienen un alto contenido social, como a atención a la familia y niñez mexiquense en situaciones económicas vulnerables, no puede cargar sospechas como estas, como sucederá si no se esclarece el caso”, recalcó.
En el pasado tuvo señalamientos similares a los de ahora, pero la opinión general de los mexiquenses era entonces de que todas las instituciones de los gobiernos priistas eran corruptas, incluyendo las de más plausibles fines.
“La situación en este aspecto es diferente, porque el gobierno actual llegó con la lucha contra la corrupción como una de sus principales banderas de campaña. Hay denuncias no investigadas o no aclaradas o sin informar sus resultados, tanto en el ISSEMYM, como en el ISEM, en la Junta de Caminos del Estado de México y, ahora en el DIFEM y contra miembros de los poderes Legislativo y Judicial”, recordó.
“En el caso del diputado, su nombre no se reveló, pero la pertenencia de Labastida Sotelo (panista convertida al morenismo) a un grupo legislativo morenista interno identificado con Higinio Martínez y Maurilio Hernández González, hace pensar que se trata de un elemento de esa corriente”, infirió el entrevistado.
“En todo caso, por salud pública, la denuncia debe esclarecerse y si es falza, informarlo; y si tiene base, castigar a los culpables. Lo que no puede hacerse es comportarse como si no hubiera existido”, concluyó.
