*La SRE informó que USA no presentó pruebas de los graves cargos que formuló.
De la redacción
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, por conducto de la fiscalía federal en el distrito sur de Nueva York, acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, México, Rubén Rocha Moya; al senador del mismo estado, Enrique Inzunza Cázares; a Juan de Dios Gámez Mendivil, alcalde de Culiacán; y a seis personas más de vínculos con el “Cartel de Sinaloa”, y solicitó desde anoche a México su detención provisional con fines de extradición, lo cual sacudió al mundo político y mediático y ocasionó euforia en la oposición, especialmente la panista.
Con Donald Trump a la cabeza, el gobierno estadounidense recurre casi a diario a las mentiras para justificar medidas violatorias del derecho internacional, como ocurrió con la intervención en Venezuela, que secuestró y llevó a territorio de Estados Unidos al presidente de ese país, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, previo hundimiento de embarcaciones pequeñas, que ocasionaron más de cien muertes, asesinatos, perpetrados desde navíos de guerra, con el argumento de que se trataba de narcotraficantes, sin presentar prueba alguna, ni dejar sobrevivientes.
La solicitud de captura provisional con fines de extradición incluye también a Dámaso Castro Saavedra, Mario Antonio Almanza Avilés, Aberto Jorge Contreras, Gerardo Mérida, Juan Valenzuela y José Dionisio Hipólito.
El caso contra el gobernador sinaloense fue asignado a la jueza federal en el citado distrito judicial federal, Katherine Polk Failla, quien giró la orden de captura. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió la solicitud de extradición, y dio a conocer que la documentación que acompañó a la petición de captura del grupo, encabezado por Rocha Moya, no contiene prueba alguna que represente al menos indicios de los cargos formulados en su contra.
De cualquier manera, como lo establecen los procedimientos legales, turnó el expediente a la Fiscalía General de la República (FGR), para su análisis y resolución de la solicitud, en un momento en que todavía no se disipa el escándalo generado por la participación violatoria de la Constitución y de la Ley Nacional de Seguridad, por parte de cuatro agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en operativo contra laboratorios donde se producía drogas, en Chihuahua.
Rocha Moya rechazó categóricamente los cargos que le formularon en un juzgado federal con sede en Nueva York, y lo mismo hizo el senador Enrique Insunza, quien fue magistrado presidente del Tribunal de Justicia de Sinaloa y secretario general del gobierno de Rocha. Coincidieron en que se trata de un ataque a sus personas y a Morena.
La acusación destaca que los señalados protegieron al Cartel de Sinanola y conspiraron para llevar fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina a Estados Unidos, para poseer metralladoras, y en el caso del gobernador Rocha Moya, de haber sido llevado al cargo por el Cartel de Sinaloa, quienes intimidaron, secuestraron y amenazaron a sus rivales.
Expertos sostienen que la solicitud en cuestión representa un problema para México, por el comportamiento habitual de Trump, que es dictatorial y quiere imponer su visión del mundo a todos los países y gobiernos, con la situación adicional de que se está en tiempo de negociación del TEC-MEC.
