COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
SEGUIRÁ USA PERDIENDO LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS;
NO ATACA “LAVADO DE DINERO”: LO HACEN SUS FINANCIEROS
Donald Trump utiliza el combate a las drogas no para resolver el problema, del cual se beneficia principalmente el capital financiero estadounidenses, sino para agredir a los países que no se muestren incondicionales y sumisos a los propósitos de una reconfiguración del mundo, hacia el poder económico unilateral de la potencia estadounidense, imposible de implementar en las actuales condiciones económicas, principalmente por sus altos costos de producción, que lo conduce a la pérdida de mercado internacional.
El mandatario estadounidense y su equipo de colaboradores son neonazis y se comportan como tales frente al mundo, con la agravante, comparados con Adolfo Hitler, de que todavía tienen superioridad en materia de arsenal nuclear, la cual no tuvo el demente alemán sobre los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y por ello los gobernantes neonazis estadounidenses son mucho más peligrosos para la economía y paz mundial de lo que lo fueron los nazis alemanes.
Donald Trump, desde su demencia notoria, cree posible establecer un imperio, inclusive un narcoimperio, por lo que no tiene interés auténtico en terminar con el consumo de fentanilo, cocaína, heroína, metanfetamina y cuanta droga de diseño se inventen en el corto, mediano y largo plazos, porque la venta de las mismas al menudeo en las calles de las ciudades y zonas rurales de Estados Unidos representa enormes ganancias para el capital financiero, los verdaderos capos de capos globales, como en otras ocasiones se ha señalado en este espacio de reflexión, pero vale la pena insistir en ello.
Como lo han destacado estudios de consultoras internacionales prestigiadas en el tema, Estados Unidos dejó ya de tener en la industria y específicamente en la producción manufacturera su principal motor de desarrollo. Ahora esa palanca de crecimiento económico lo representan los servicios financieros, y esos servicios financieros son quienes “lavan” y se quedan con el 92 por ciento de los 400 mil millones de dólares que deja como ganancias la venta de drogas al menudeo en el territorio del vecino país del norte.
Se trata de un enorme masa de dinero, pero es a cambio de cien mil muertes al año por sobredosis de drogas (ahora un número menor por el combate de México a la exportación de drogas ilegales), más millones que quedan con secuelas graves que los inhabilitan para el trabajo productivo y que es uno de los factores de pérdida de competitividad de las mercancías de la primera potencia militar del planeta, lo cual no preocupa al presidente estadounidense, quien está agraviando a naciones en todos los continentes, con los casos extremos de la guerra contra Irán, y el apoyo militar, político y diplomático a Bejamín Netanyahu, en el genocidio que perpetra contra el pueblo palestino de la Franja de Gaza.
En este escenario Donald Trump decidió, al margen del derecho internacional y sin asidero legal, darle jurisdicción extraterritorial a sus leyes y tribunales en otros países, como está ocurriendo en el caso del gobernador sinaloense con licencia, Rubén Rocha Moya. Éste puede ser un narcotraficante de siete suelas o inocente de los cargos que pesan sobre él en Estados Unidos, pero la acusación indica que delinquió presuntamente en México, no en Estados Unidos, por lo que debe ser investigado, procesado y condenado o exonerado por las leyes y tribunales mexicanos, lo cual no debate la oposición, ni el poder fáctico mediático en México.
Es grave y condenable que un gobierno, por ser poderoso económica y militarmente, pueda decidir aplicar sus leyes a delitos cometidos en otras naciones y traer a territorio estadounidense a los presuntos culpables, para que sean sus tribunales quienes los juzguen y condenen; es decir, la jurisdicción extraterritorial de las leyes y los tribunales de Estados Unidos, como si Trump aceptara que México reclamara en extradición a estadounidenses que venden armas a organizaciones criminales mexicanas y los quisiera juzgar en México.
Tampoco permitiría que elementos del Centro Nacional de inteligencia (CNI) de México participara con fuerzas policiacas estadounidenses en territorio del vecino país, para combatir a delincuentes de allá y que cometieron delitos en esa nación, como lo aceptó y tal vez hasta lo solicitó la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, en el caso de los cuatro agentes de la CIA que operativos en Chihuahua, de los cuales dos murieron en un accidente vehicular (por lo que se conoció su presencia) y de los dos restantes nada se sabe.
