COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
LA PREVENCIÓN CONTRA INJERENCIA EXTRANJERA
NO ES OCIOSA, PERO DIFÍCIL DE ACREDITARLA
Ayer la Cámara de Diputados Federal aprobó una reforma al artículo 41 constitucional, propuesta para establecer como causal de anulación de las elecciones la injerencia de gobierno extranjeros en favor de un partido o candidato/candidata a un cargo de elección popular. Al momento de redactar estas reflexiones continuaba la discusión de la legislación secundaria en materia electoral, y es de desear que se precisen las condiciones que deben ser consideradas intervencionistas.
No es ociosa la reforma porque en estos momentos los Estados Unidos son controlados por la ultraderecha neonazi y el capital financiero global, con Donald Trump al frente, y abiertamente están interviniendo en las elecciones de otros países, especialmente en América Latina, como se evidenció en Honduras, Ecuador y Argentina, pero no se limita a esas tres naciones, aunque no siempre logra sus propósitos.
No es nueva la política injerencista de Estados Unidos, y esa es la naturaleza de los imperios, pero ahora es más descarada y con violaciones a la soberanía y autodeterminación de los países que, en forma peligrosa, han llegado a violar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, al darle jurisdicción extraterritorial a sus leyes y tribunales, como ocurrió en Venezuela y con quien era su presidente, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Con Trump, Estados Unidos se siente con facultades para decidir quien gana una elección presidencial y quien la pierde, por ello -en el caso de México- debe protegerse desde la Constitución el derecho de los mexicanos a elegir gobernantes, sin injerencia externa, y quien triunfe con este tipo apoyo extranjero, sea de Estados Unidos, Rusia, China o la Unión Europea, no debe gobernar, porque lo haría en beneficio de los intereses de quienes lo llevaron al triunfo.
En este escenario real, no sale sobrando legislar al más alto nivel, como es la reforma constitucional, aunque debería limitarse la causal a las elecciones presidenciales y de gobernadores, porque es en ese ámbito donde existe el riesgo de intervención directa extranjera. Es difícil creer que le interese a la ultraderecha neonazi (no es pleonasmo, aunque lo parezca) mundial intervenir en elecciones de presidentes municipales y cabildos, aunque en el caso de diputados locales o elecciones legislativas federales podría ser, porque se trata de uno de los tres poderes de la Unión.
Sobre el mismo tema legislativo, pero de otra naturaleza, debe preocupar el bajo nivel de los debates, caracterizados por la irresponsabilidad, la grosería, la calumnia y falta de respeto. La mentira también ocupa un lugar, porque hablan y dolosamente ocultan la realidad, como esos señalamientos de “narcopolíticos”, “narcogobierno”. La oposición no presenta una sola prueba de lo que dice, y si las tiene le haría un gran servicio al país si presenta denuncias ante las autoridades competentes.
No hacerlo es generar desinformación, que constituye violación al derecho constitucional de los mexicanos a la información veraz. En esto coinciden con la mayoría de los grandes medios informativos, con la diferencia de que éstos no fueron electos por los ciudadanos, ni les pagamos con nuestros impuestos y son empresas privadas, que pagan con descrédito su política informativa y analítica de falsedades.
Sobre narcogobiernos, dolosamente los legisladores fingen que el problema de las drogas surgió en el 2019, con la conquista de la presidencia de la República y de la mayoría legislativa por Morena, cuando el fenómeno como lo conocemos surgió en la década de los sesenta, en Sinaloa, con un gobierno priista. El fundador de la nueva organización criminal era colaborador cercanísimo del entonces mandatario. Cómo sería su relación de amistad y confianza, que fue padrino de boda del hijo del gobernante.
