*En la última semana de mayo canjearon más granadas que armas.
De la redacción
Como si se tratara de un hecho sin importancia, las autoridades no reflexionan sobre un tema delicado: el alto número de granadas de diversos tipos en posesión de la población civil mexiquense.
En las campañas de canjes de armas de fuego, cartuchos y artefactos explosivos, el gobierno estatal da a conocer el número de lo que en este tema entrega la población; entre ello, las granadas, como si se tratara de algo sin importancia.
En el caso de las armas, aun cuando no está reglamentado, existe el derecho constitucional a la posesión de armas para la legítima defensa personal, de la familia y bienes. Y es de alguna manera entendible la posesión.
Tiene la limitante de que los calibres no pueden ser de los que utilizan las armas de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas, alto poder porque enfrentan a grupos criminales peligrosos.
Hay rifles que inclusive se utilizan para la caza, por lo que los integrantes de los clubes de la materia pueden obtener permiso de posesión y portación para sus actividades deportivas.
No ocurre lo mismo en el tema de las granadas, que no son para la caza, ni para la defensa personal, familiar o de bienes, y que tienen un poder destructor muy peligroso para quienes las poseen en sus domicilios.
En el Estado de México no hay información sobre el número de artefactos explosivos que tiene la población civil, que es la que acude a los centros de canje a entregarlas, a cambio de dinero.
Como ejemplo, según la información oficial al respecto, en la semana del 21 y el 27 mayo de este año la campaña de canje de armas por dinero, efectuada en 19 municipios del Estado de México, captó 218 armas de fuego.
En los mismos sitios y en el mismo período, las granadas entregadas por civiles sumaron 353. Ese número estaba en manos de civiles, con alto riesgo de accidentes mortales, porque las de mayor poder, cuando estallan pueden causar severos daños inclusive en inmuebles.
Frente a esta situación, no se conocen acciones más allá de las campañas de canje de armas, para detectar y recoger los artefactos explosivos, como las granadas, cuya posesión representan riesgos para la población y no se trata de armas defensivas.
