*Hasta el 24 del pasado mes las autoridades habían recuperado 2 mil 048.
De la redacción
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con apoyo de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y del gabinete federal de seguridad, había recuperado hasta el 25 de mayo pasado dos mil 048 inmuebles ocupados ilegalmente por miembros de diversos grupos criminales que operan en la entidad.
Todos los días las corporaciones policiacas estatales, y en algunos casos con participación de las municipales, trabajan en el aseguramiento de inmuebles, a pesar de los avances, faltan muchos por recuperar.
La FGJEM es apoyada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Consejo Nacional de Inteligencia (CNI), y trabaja todos los días en el rescate de viviendas, predios y locales comerciales.
No obstante, tiene pendiente por recuperar tres mil 482 inmuebles, cuyo delito de despojo fue denunciado oficialmente por las víctimas de las acciones de bandas criminales; es decir, faltan por recuperar más de la mitad de los bienes inmuebles cuyos propietarios presentaron denuncias. Los casos no denunciados rebasan los 25 mil en 79 municipios.
Las carpetas de investigación suman cinco mil 530, y las atendidas y resueltas favorablemente sumaron al finalizar el pasado mes las dos mil 48 mencionadas. Falta mucho por avanzar.
Hay información de que las personas víctimas de despojo suman decenas de miles, pero el delito no se denunciaba por las amenazas de los criminales contra los dueños de los inmuebles.
Esta situación cambió en abril del año pasado, cuando una mujer de la tercera edad, “Carlota “N” dio muerte a dos presuntos delincuentes que se apoderaron de su vivienda en el municipio de Chalco, y se negaban a devolverla.
La adulta mayor sacó un arma y les disparó. Sólo así desalojaron el inmueble, pero la dueña fue detenida, encarcelada y vinculada a proceso. Por su edad, después de un año de encierro, le cambiaron la medida cautelar a prisión domiciliaria.
El caso se volvió viral y desnudo el problema de los despojos de viviendas, predios y edificios destinados a renta para fines comerciales.
La invasión de inmuebles era y es todavía, una de las diversas modalidades de delinquir de los grupos criminales, y hasta antes de que Carlota “N” tomara la justicia por mano propia, se cometía con absoluta impunidad.
Por eso creció mucho y se extendió a 79 de los 125 municipios mexiquenses, de acuerdo con la información oficial. Entre esas demarcaciones figuran las más pobladas de la entidad, pero también de zonas rurales.





