LOS CONSENTIDOS DESPOJOS
DE VIVIENDAS EN EL EDOMÉX
ANTES SE EFECTUARON DESPOJOS, POR PARTE
DE AUTORIDADES JUDICIALES Y DE INFONAVIT
En el Estado de México se dio el mayor número de despojos de viviendas de deudores del INFONAVIT. Se confabularon altos funcionarios del organismo y abogados de despachos, los cuales cobraron más de 30 mil millones de pesos para recuperar los inmuebles y corrompieron jueces y notarios.
No obstante, el Instituto no puede disponer de las casas, porque la recuperación violó el debido proceso, pues los juicios fueron fraudulentos. Los despachos jurídicos ganaron los miles de casos porque los trabajadores demandados no fueron notificados, ni vivían en suelo mexiquense.
Era una modalidad de despojo distinta a la que estamos presenciando ahora. Estos son cometidos por grupos criminales bien organizados, y que cuentan con apoyo político, según denuncias de abogados; y con la permisibilidad o franco respaldo de las autoridades estatales y municipales. Arrebatan viviendas, ranchos, naves industriales, bodegas y terrenos.
Son numerosos los casos de despojos violentos de viviendas, ante la impotencia de los propietarios, amenazados de muerte por las organizaciones delictivas, como el sindicato “De los 300”, “USON” y “22 de Octubre”, que operaban con absoluta impunidad en los municipios del Valle de México.
Algunas de sus cabezas están encarceladas, pero por delitos como extorsión, cobro de “derecho de piso”, inclusive homicidio, pero no por los despojos (desapoderamiento, le dicen con elegancia las autoridades), de que hacen víctimas a quienes con muchos esfuerzos y los ahorros de toda la vida adquirieron una casa.
La situación habría continuado, si no ocurre la muerte de dos delincuentes que se habían apoderado de un inmueble en Chalco, en un caso de la toma de la justicia por mano propia, que es delito, aún cuando las víctimas fatales sean peligrosos y deshumanizados delincuentes. La mujer de la tercera edad, identificada por la policía como Carlota “N” está presa, por el doble homicidio que perpetró en ese municipio, pero sacó a relucir el problema.
Eso obligó a la Fiscalía General de Justicia del Estado a actuar contra aquellos que se dedican a despojar de sus viviendas a las familias. Se trata de delincuentes peligrosos, al grado de que en el combate las fuerzas estatales de seguridad reciben respaldo de cuerpos federales.
Hasta ahora han efectuado operativos en 25 municipios, pero el número de casas recuperadas es reducido, apenas 75, comparado con la magnitud del problema que abarca las zonas urbanas del Estado de México, en una permisibilidad inexplicable de las autoridades, porque conocían los delitos y hasta sabían quién encabeza a los delincuentes, porque son conocidos en sus demarcaciones.
Como en otras ocasiones “El Espectador” y “La Noticiería” han reflexionado sobre una particularidad del fenómeno: los despojos de viviendas y su ocupación constituyen delitos flagrantes; es decir, no terminan al consumarse, sino que continúan en esa modalidad, pero adicionalmente, los culpables no son escurridizos, como pueden serlo los narcotraficantes, secuestradores, extorsionados o los sicarios. Están siempre localizables, y pueden ser capturados y liberados los inmuebles, y sólo es cuestión de que las autoridades tengan interés en cumplir con su obligación de garantizar el Estado de derecho. Es deseable que lo hagan.
