COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
URGE SOCIALMENTE REVISIÓN AUTOCRÍTICA DE
RESULTADOS EN DOS AÑOS DEL GOBIERNO MEXIQUENSE
El próximo día 16 la gobernadora Delfina Gómez Álvarez cumplirá dos años de ejercicio constitucional; es decir, habrá transitado su primer tercio del sexenio, el primero de una autoridad encabezada por una mujer y por un partido distinto al PRI en la historia mexiquense. En estos 24 meses el gasto público ha sido superior a los 760 mil millones de pesos, y es el momento apropiado para una revisión rigurosa y autocrítica sobre si los avances logrados corresponden o no a la aplicación de ese monto presupuestal bianual.
La población estatal llegó a septiembre del 2023 con 18 años de total abandono gubernamental y una alta corrupción en ese lapso. Y no es que antes no se presentaba este fenómeno, sino que los gobiernos priistas hasta el 2005 (con las excepciones de la regla) robaban, pero atendían las necesidades de la población y estaban cerca de ella. Tenían su confianza y por eso ganaban elecciones. En realidad, hasta 2017 los fraudes en elecciones de gobernadores no eran para ganar, porque la oposición no tenía posibilidades de ganar, sino para mostrar más apoyo popular del que se tenía.
Todo cambió a partir de la llegada de Enrique Peña Nieto a la gubernatura. Ya no se construyeron obras de infraestructura para el desarrollo, ni para los servicios; es más, los programas sociales tampoco fueron prioridad, y así se continuó y se agravó en los sexenios de Eruviel Ávila Villegas y Alfredo del Mazo Maza. Se abandonó al pueblo, y de aquello “roban, pero resuelven problemas de la población” los priistas pasaron al “ahora nada más roban y no es suficiente”, lo que expresaron los votantes en las urnas en el 2017, pero fundamentalmente en el 2023.
Esas condiciones políticas, sociales, económicas y electorales costaron la derrota del PRI frente a Morena, un partido opositor de verdad, con un paso electoral arrollador que le permitió conquistar la presidencia de la Repúblicas cuatro años después de fundado y desalojar al PRI del Palacio de Gobierno del Estado de México 5 años después, a pesar de no tener aquí una verdadera estructura organizativa, ni nuevas figuras del perfil exigido por los desafíos implícitos en la gobernabilidad de 18 millones de mexiquenses.
Dos años después del ejercicio del poder estatal la gobernadora Delfina Gómez Álvarez debe revisar el desempeño de su equipo de colaboradoras y colaboradores, porque los resultados ofrecidos a una población con grandes y graves rezagos en atención institucional no son altamente satisfactorios. Ya hay muchas críticas ciudadanas al gobierno morenista, cuya solidez se la da más bien el recuerdo de la época de alta corrupción y abandono del pueblo por parte de los gobernadores surgidos del partido tricolor.
No ha habido preocupación siquiera por los problemas del ISSEMYM, donde la corrupción ha sido denunciada en la conferencia mañanera del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por compras de medicamentos son excesivos sobreprecios, en perjuicio de una población cercana a los 900 mil protegidos, como tampoco han generado reacciones las acusaciones de nepotismo descarado de la presidenta del Consejo de Administración del organismo y oficial mayor del Poder Ejecutivo, Trinidad Franco Arpero, dado a conocer por este medio informativo.
Los resultados insuficientes de los dos años de gestión de la mandataria se explican por la falta de idoneidad para sus funciones de la mayor parte de quienes integran su gabinete. No están a la altura de los desafíos que representan los rezagos y pérdida de dinamismo de la economía, de obras de infraestructura para impulsar la economía y para satisfacer las necesidades de servicios de un alto porcentaje de la población mexiquense.
En medio de este panorama el Estado de México tiene la ventaja de que el gobierno federal invertirá cuantiosos recursos presupuestales en el desarrollo de 11 municipios de la Zona Oriente (habitada por 10 millones de mexiquenses), en Polos de Desarrollo para el Bienestar, en el combate a la inseguridad pública, la violencia y a la delincuencia organizada. La Federación se encargará igualmente y en forma directa de la atención de la salud de 9.2 millones de habitantes del Estado, excluidos de la seguridad social, pero eso no exime de la obligación y conveniencia de una revisión autocrítica de los resultados obtenidos en dos años.
