*La diputada María J. Pérez Domínguez propone que empresas y ayuntamientos firmen convenios para este fin.
De la redacción
María José Pérez Domínguez, diputada en el congreso local, propuso un punto de acuerdo para exhortar a los ayuntamientos mexiquenses a que suscriban convenios de coordinación con empresas de telecomunicaciones para “ordenar y liberar el espacio público ocupado por infraestructura” como cables en desuso de dichas empresas.
Ante la contaminación visual y los riesgos derivados de la instalación excesiva y desordenada de cables de telefonía, internet y televisión en calles y avenidas, el Congreso mexiquense exhortó a los ayuntamientos a firmar convenios con las empresas del sector para ordenar y limpiar el espacio público, priorizando el retiro del cableado abandonado de contratos cancelados, a propuesta de la diputada.
Y es que como sostuvo la diputada, “se ha generalizado la práctica de no retirar los cables de contratos cancelados, lo cual provoca acumulación y saturación en los postes”, y -adicionalmente- deteriora la imagen urbana y aumenta el riesgo de fallas eléctricas y técnicas relacionadas con el servicio.
“Esta situación afecta la calidad de vida de la población, pues la contaminación visual puede elevar los niveles de estrés y repercutir en la salud física y emocional”, advirtió la legisladora mexiquense.
Además, recordó, “el pasado 16 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual considera de interés general y utilidad pública la instalación, despliegue, operación, mantenimiento y retiro de infraestructura destinada a redes públicas de telecomunicaciones”.
Y aunque la aplicación de la disposición es competencia de las autoridades federales, “el ordenamiento establece el respeto a las disposiciones estatales y municipales en materia de desarrollo urbano, y prevé el reordenamiento, retiro o soterramiento de infraestructura conforme a los lineamientos que emita la autoridad reguladora, obligatorios para las empresas del sector”.
No obstante, “el cableado en desuso puede considerarse residuo sólido urbano por su impacto visual y ambiental, por lo que los municipios tendrían competencia para implementar acciones de retiro y disposición final, contribuyendo al mantenimiento y embellecimiento de los centros de población”, concluyó.
