COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
NO SEGUIRÁN COBRANDO PENSIONES EXAGERADAS,
OBTENIDAS AL MARGEN DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
Quienes abusaron, mediante actos de corrupción de las comisiones especiales que determinaron cada caso pensiones abusivas, ilegales, verdadero saqueo del erario, no podrán mantener los montos que cobraron durante muchos años, en contradicción con la política de pérdida de poder adquisitivo de los salarios en cada uno de lo 36 años de gobiernos neoliberales. Mientras en 2018 el salario mínimo general era de 88 pesos diarios, inferior a los 2 mil 700 pesos mensuales por jornadas de 8 horas al día, un grupo de directivos de empresas públicas logró que le asignarán pensiones mensuales de más de un millón de pesos.
La iniciativa de reforma en materia laboral para reducir esas pensiones generó polémica en el mundo laboral, y especialmente entre abogados especialistas en derecho del trabajo, algunos de los cuales sostienen que esas pensiones deben seguir cubriéndose, porque se trata de derechos adquiridos, mientras otros aseveran que nadie puede adquirir derechos para violar las leyes; es decir, cuando se trata de infracciones continuadas, porque la ilegalidad continúa.
Ya la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no se procederá contra quienes cobraron pensiones de un millón, 800 mil, 500 mil ó 300 mil pesos mensuales, u otros montos por encima de lo que establecían los topes y los tabuladores; es decir, no se les obligará a devolver lo que obtuvieron por encima de disposiciones legales aplicables, pero se reducirán los montos a la mitad de lo que percibe ella, como presidenta de la República. No podrán recibir más de 70 mil pesos mensuales.
Hay quienes han cobrado esas pensiones durante más de 15 años; es decir, han tenido percepciones del erario en ese tiempo un monto acumulado de 180 millones de pesos, por maniobras presumiblemente corruptas de las comisiones que en cada centro de trabajo (empresas públicas, organismos públicos descentralizados, paraestatales y en instituciones financieras gubernamentales) determinaron esos montos de las pensiones, las cuales ahora serán canceladas y reducidas a los topes establecidos por la norma legal.
Los “derechos adquiridos” no proceden contra reformas constitucionales, y menos cuando se trata de esas violaciones continuadas a la ley; es decir, que se cometen cada vez que se cobran; sobre todo, cuando se trata de actos delictivos dolosos, de mala fe, porque los abusivos maniobraron y es creíble la versión de que los integrantes de las comisiones que determinaron esos montos fueron corrompidos para dictaminar a favor de quienes no tenían derecho a recibir pensiones millonarias mensuales.
Opiniones de muchos mexicanos son en el sentido de que se obligara a los abusivos a devolverle al gobierno lo que cobraron ilegalmente, además de que se investigue a quienes las autorizaron, porque unos y otros ocasionaron quebranto al patrimonio nacional, y si bien la reducción es enorme, el tope de 70 mil pesos mensuales como pensión es muy alto en comparación con el promedio salarial de los trabajadores activos. Es bajo el porcentaje de la población que gana esa suma mensualmente.
CASO AMPARO CASAR
Más clara la violación a la ley fue el caso de Amparo Casar, quien, paradójicamente, presidió varios años la organización “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”. Falseó los hechos en que perdió la vida su esposo durante el gobierno Vicente Fox Quesada. Ella era coordinadora de asesores del secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda. Le consiguió un alto puesto a su marido en Petróleos Mexicanos, y un poco más de 4 meses después éste se suicidó, lanzándose a la calle desde uno de los pisos de la Torre de Pemex.
Por muerte por suicidio un trabajador de la empresa pública descentralizada no debería recibir pensión, por ello Amparo Casar, la luchadora contra la corrupción, maniobró para que la muerte de su cónyuge pasará como accidente laboral, y poder así recibir una indemnización y una alta pensión, lo cual fue detectado por las autoridades.
Por si esa ilegalidad fuera poco -en realidad fue un delito-, la víctima sólo había cotizado pocas semanas al sistema de seguridad social de la empresa, y necesitaba 180 semanas para que su familia tuviera derecho a la pensión. No importó. Puso en juego su enorme influencia que tenía como alta funcionaria de la Secretaría de Gobernación y consiguió el beneficio ilegalmente también en este otro aspecto. Está demandada, pero el juicio no concluye todavía.
