*Los operativos de las autoridades correspondientes han arrojado resultados, pero falta mucho por hacer en materia de inseguridad pública.
De la redacción
Por muchos años organizaciones criminales delinquieron impunemente en el Estado de México. Nadie los detenía, a pesar de que los delitos que perpetraban eran fácilmente detectables y los denunciaban las víctimas, como ocurría y ocurre en el caso de las invasiones y despojo de viviendas a los propietarios legítimos y legales.
En el entramado criminal participaban funcionarios municipales y estatales, especialmente en el Valle de México, aunque también en demarcaciones de la capital del Estado y su zona metropolitana. Estos grupos delictivos se presentaban como organizaciones sindicales, aunque no tenían contratos laborales con empresas.
Apenas en los últimos meses las autoridades estatales decidieron combatir estos grupos, y en los últimos meses sacaron de circulación a 73 criminales, incluyendo a 15 dirigentes y mandos relevantes de agrupaciones como USON, GOPEZ, Unión 300/”Los 300″, “Sindicato 22 de octubre” y “Los Gastones”, principalmente, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Estos grupos tenían diversificadas sus actividades ilícitas, porque incluía el despojo de viviendas, locales comerciales, bodegas, naves industriales y terrenos. Contaban con la protección de segmentos de las estructuras gubernamentales, notarios y jueces, por lo cual hay más de 10 servidores públicos indiciados.
Las autoridades reaccionaron frente al fenómeno criminal hasta que a principios de abril una mujer de la tercera edad, identificada como Carlota “N” se hizo justicia por mano propia al ejecutar a dos hombres que se habían apoderado de su vivienda. Por la circunstancia de que se trata de una señora de la tercera edad, la noticia tuvo impacto estatal, nacional e internacional.
Ese hecho dejó al descubierto el grave problema del despojo de bienes inmuebles en el Estado de México, que en los últimos 15 años acumuló 32 mil invasiones de propiedades, que en el caso de las viviendas, los delitos se cometían en zonas urbanas altamente pobladas. Los criminales actuaban con absoluta impunidad y a la vista de todos.
En el número de despojos no se contabilizan las extorsiones a dueños de viviendas para no arrebatárselas, pues los grupos delictivos utilizan la violencia y el poder de armas de fuego de alto calibre, para amenazar de muerte a las víctimas, para que no denuncien, y cuando a pesar de ello lo hacen, las autoridades no cumplen con su obligación de aplicar las leyes penales.
Además del despojo de bienes inmuebles, los grupos criminales extorsionaban, secuestraban, cobraban “derecho de piso”, asesinaban, y sus delitos quedaban impunes. Los líderes criminales hasta asistían hasta a actos públicos y convivían con autoridades municipales, y apenas hasta ahora son perseguidos y capturados.
