COORDENADAS POLÍTICAS
LA REFORMA JUDICIAL DEBE IMPEDIR Y DETECTAR
CASOS DE JUECES ENRIQUECIDOS SIN JUSTIFICACIÓN
MACARIO LOZANO R
En los últimos años se conocieron tres casos de jueces ejecutados, cuyo móvil inicialmente se pensó era su actuación en procesos penales contra peligrosos presuntos delincuentes; sobre todo, mandos de la delincuencia organizada y de la dedicada al tráfico de drogas. Aquí en el Valle de Toluca ocurrió uno de esos actos de violencia homicida, en una colonia de familias de altos ingresos ubicada en Metepec.
No obstante, las investigaciones correspondientes permitieron esclarecer los hechos, y nada tenían que ver con lo meramente jurisdiccional, sino con ambiciones de dinero. La autora intelectual de la muerte del juzgador del fuero federal, que llevaba casos de presos en el penal de alta seguridad del Altiplano, fue su esposa y, en el fondo, el móvil fue la ambición que despertó el gran patrimonio acumulado por la víctima, más allá de lo que le permitían sus altos ingresos lícitos. Era mucho más.
Las indagatorias se limitaron al caso específico de la ejecución, pero no ahondaron en el origen de la gran fortuna que al final fue el motivo de su muerte; sin embargo, en la población arraigó la creencia de que la riqueza fue producto de ingresos adicionales, específicamente por corrupción, que no es rara ni poco frecuente en el Poder Judicial Federal, como lo prueban las liberaciones de cuentas bancarias de jefes de la delincuencia organizada y de delincuentes de cuello blanco.
Esas condiciones que permiten todavía los actos de corrupción en el Poder Judicial Federal serán erradicadas con la reforma judicial, que creó un Tribunal de Disciplina Judicial, el cual vigilará que juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros no se corrompan y, en caso de hacerlo, sean sujetos de sanciones severas, a diferencia de ahora en que pocas veces se actúa contra quienes en el Poder Judicial realizan actos ilícitos.
Por ejemplo, no se procedió en contra, sino se recompensó a titulares de juzgados de distrito y de tribunales de circuito y personal de los mismos cuando efectuaron un “paro loco” de tres meses, ocasionando daño a la administración de justicia porque las causas penales no fueron tramitadas durante ese tiempo, en perjuicio de quienes demandaban justicia.
No sólo no fueron despedidos o removidos de sus cargos por haberse negado a trabajar y, con ello, obstruir la justicia, sino que los mandos del Poder Judicial Federal les pagaron íntegros sus salarios, una forma de recompensar los ataques al proceso de reforma judicial, la cual buscaban revertir. En ese afán, quienes aplican las leyes fueron los que las violaron, y a sabiendas de que lo hacían, porque son expertos en su interpretación, respaldados por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucia Piña Hernández.
Ésta fue la primera opositora a la reforma judicial, y desde esa posición impulsó la presentación de amparos para que se anularan los cambios constitucionales que le dieron base a la reforma judicial, a pesar de que los juzgados de amparo ni ningún otro órgano jurisdiccionales, ni siquiera la propia Corte tienen facultades para echar abajo una reforma a la Constitución, lo cual en estos casos no les importaba, sino impedir la elección, particularmente de ministras y ministros.
Se espera que ya no se den enriquecimientos ilícitos, con acumulación de fortunas que despierten la ambición de familiares tan cercanos como las esposas, capaces de ordenar la ejecución de un juez y compañero de vida para quedarse con un enorme patrimonio, como ocurrió con el juez de distrito asesinado en una de las colonias lujosas de Metepec.
