COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
DEBE TERMINAR LA INACCIÓN EN DENUNCIAS DE
ACTOS DE CORRUPCIÓN: CONTRA NADIE SE ACTÚA
Haca varios meses en este mismo espacio de reflexión señalábamos la falta de acción penal contra los actos de desviación de fondos públicos estatales en el ISSEMYM; recursos federales, en el ISEM; y municipales en El Oro. Ahora estalló el escándalo de presuntos actos de corrupción en un organismo cuyos fines sociales son incuestionables, como lo es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la Niñez del Estado de México (DIFEM).
La denuncia trascendió los límites estatales al ser dada a conocer en la conferencia mañanera del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; es decir, fue conocida por millones y millones de personas en todo el territorio nacional, en una situación preocupante, porque si la corrupción es condenable en cualquier parte y tiempo que se perpetre, cuando se trata de recursos destinados a atender y paliar las necesidades de los grupos vulnerables, como los que atiende el organismo, el crimen es incalificable.
El caso adquiere mayor relevancia, porque en la presunta corrupción registrada en los procesos de adjudicación de contratos de compra se involucra a un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y a un legislador local, además de autoridades de la institución; es decir, señalan a integrantes de dos de los tres poderes del Estado, de lo cual se enteró todo el país, pero sobre todo, llamó la atención que el supuesto daño fue perpetrado en agravio de fondos destinados a las familias mexiquenses más pobres.
No puede descartarse que se trate de acusaciones públicas falsas, formuladas con intensiones inconfesables, pero la verdad de las cosas se sabrá cuando se agoten las investigaciones y se esclarezca la denuncia, para lo cual es indispensable que esa tarea la cumplan en el menor tiempo posible las autoridades de la materia, pero lamentablemente parece que ni siquiera acusaron recibo de una denuncia tan grave presentada ante la titular del Poder Ejecutivo Federal.
No debe dejarse pasar mucho tiempo, como ocurrió con la falta de información sobre las indagatorias del desvío de fondos públicos federales en el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), antes de que volviera al control del gobierno federal, o en el caso de El Oro, porque eso daña la imagen de una noble institución, y refuerza la creencia de muchos de que la corrupción en el Estado no se terminó con el desalojo de la sede del Poder Ejecutivo del Estado de México, lo de os otros poderes y organismos.
Resulta preocupante que en este caso se involucre a un diputado local, perteneciente al Poder Legislativo, que fiscaliza el gasto público estatal, municipal y de los órganos autónomos y organismos auxiliares; y a un magistrado, parte integrante del Poder Judicial de la entidad mexiquense, encargado de aplicar la ley a quienes delinquen, principalmente cuando se trata de servidores públicos, que esa condición se convierte en agravante.
La inacción afectará la imagen del Congreso Local, del poder Judicial del Estado de México, del DIFEM y robustecerá la certeza ciudadana de que el Sistema Anticorrupción del Estado y Municipios sólo sirve para darle ocupación a amigas y amigos, no para combatir ese cáncer social que agravia a la sociedad y que fue una de las principales causas por las que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) perdieron los poderes Ejecutivo y Legislativo federales.
Si la entidad fiscalizadora no encuentra actos de corrupción en el organismo de altos fines sociales, también debe difundirse con amplitud, y lo peor que pudieran hacer las autoridades estatales es mostrarse indiferentes después de la denuncia, puesto que existe el antecedente de la impunidad en el ISSEMYM y el ISEM.
