COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
EL NARCOIMPERIO PROTEGE A SUS CAPOS FINANCIEROS, LOS
VERDADEROS MANDOS DEL NARCO GLOBAL: SON IMPUNES
Donald Trump encabeza un narcoimperio, que finge combatir las drogas, pero nada hace para impedir la expansión de su consumo en las ciudades y zonas rurales estadounidenses. Mucho menos aplica programas de prevención de las adiciones o de rehabilitación y, en el caso del “lavado de dinero”, la apropiación de los beneficios de las actividades criminales derivados de la venta de estupefacientes al menudeo contribuye al fortalecimiento del nuevo motor de la economía del vecino país del norte: los emporios financieros.
La todavía primera potencia económica mundial ya no sustenta su poderío en las manufacturas, como en el pasado, sino en los servicios financieros globales, sistema en el que se lavan los 400 mil millones dólares que representa el mercado de la droga al menudeo en las calles de las grandes, medianas, pequeñas y chicas ciudades de Estados Unidos y en las poblaciones rurales, porque el problema se encuentra extendido en todo su territorio, y sin ser atacado.
No lo hace Donald Trump, porque privilegia las ganancias de los grandes financieros que operan en Nueva York, Chicago, Los Ángeles y el propio Washington por sobre la salud de sus gobernados. Prefiere esas ganancias de 400 mil millones de dólares que deja la actividad criminal antes que la vida de más de cien mil estadounidenses que mueren al año por sobredosis de drogas. El mandatario color naranja representa la expresión de máxima deshumanización de las instituciones y el privilegio a las ganancias, así provengan de actividades criminales.
En este escenario debe ubicarse su pretensión, aceptada hasta ahora por gobiernos de otras naciones (en realidad, desde hace décadas), de darle jurisdicción extraterritorial a sus leyes y tribunales, pues a eso equivale solicitar la extradición de reales o inventados criminales, que presuntamente delinquen en sus países en materia de narcotráfico, cuyos productos ingresan a los Estados Unidos, donde elevan su valor hasta en 4 mil por ciento, en relación con su precio en Colombia o Perú, y de 30 veces, en el caso de México.
La extradición es una figura aplicable a alguien que delinque en una nación y huye a otra, como fueron los casos recientes del vicealmirante Fernando Farías, capturado en Argentina; y de la presunta asesina de una exreina de belleza (su nuera, para más señas), aprehendida en Venezuela. En ambos casos fueron detenciones provisionales con fines de extradición a México, para que respondan ante la justicia mexicana por sus presuntas responsabilidades en delitos graves.
Sin embargo, lo que han hecho presidentes estadunidenses y pretende ahora Donald Trump es que sus leyes y tribunales puedan juzgar y castigar delitos cometidos en otros países. En este caso, en México, cuando lo que procede de acuerdo al derecho internacional y la Constitución y leyes mexicanas es colaborar y aportar las pruebas que pudieran tener contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázares y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gómez Mendível y siete personas más, para que sean juzgados por lo tribunales y leyes mexicanas en el territorio nacional.
Los abusos del poder económico y militar de Estados Unidos normalizaron estas arbitrariedades, al punto con la solicitud de extradición del gobernante y políticos sinaloenses la ultraderecha partidista y legislativa y el poder fáctico mediático aplauden la injerencia y para nada cuestionan, ni siquiera se preguntan si el derecho internacional autoriza a un país castigar delitos que se cometen en otro, en un claro ejemplo de aplicación extraterritorial de leyes y tribunales.
Estados Unidos no aceptaría entregarle a México en extradición para ser juzgados aquí con nuestras leyes y tribunales a los fabricantes y distribuidores de armas que las venden ilegalmente a las bandas criminales mexicanas, con las cuales asesinan, secuestran, extorsionan y protegen sus actividades criminales, como el narcotráfico y narcomenudeo. Si es capaz de pedir que le entreguen a reales o supuestos criminales que habrían delinquido en México, debería aceptar también entregar a la justicia mexicana a quienes arman a los criminales en nuestro territorio. Eso nunca lo hará, y menos, sin pruebas contundentes que acompañaran las solicitudes de extradición.
