COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
ES FALSO QUE TRANSPORTISTAS TENGAN DERECHO A
CERRAR CARRETERAS, COMO SOSTIENEN DIRIGENTES
Después de la fracasada convocatoria a un bloque nacional de carreteras en 24 estados, al cual respondieron sólo 575 personas en todo el país, con 161 vehículos en 11 bloqueos, voceros de la organización convocante acusaron al gobierno federal de represivo. Denunciaron que llegaron cuerpos de seguridad, con grúas, a los sitios donde se efectuaron los pocos cortes a la circulación vehicular, en una clara violación de su derecho a manifestarse.
Esa percepción del derecho que tienen es falsa y habla de claramente de fines ajenos a su demanda justa de seguridad contra el robo de carga, secuestros y extorsiones, porque en ninguna ley federal o estatal, ni mucho menos en la Constitución Política de México se encuentra establecido el derecho a cerrar carreteras por organización alguna, aunque algunas organizaciones se escudan en que luchan dentro del marco jurídico que rige las actuaciones de los mexicanos.
Por el contrario, bloquear carreteras es un delito claramente tipificado en las legislaciones penales de las entidades federativas y, en las federales, cuando se trata de las de esta jurisdicción, porque se trata del ilícito de ataques a las vías generales de comunicación, en perjuicio de los usuarios directos e indirectos de las mismas, porque cuando se impide el paso de camiones cargados de productos, también se está atentando contra la satisfacción de necesidades colectivas y el libre mercado.
Y por si eso fuera poco, cerrar carreteras viola el derecho constitucional de los mexicanos al libre tránsito por el territorio nacional. En este caso, por parte de un parte ínfima de un gremio, por poderoso que sea, porque se trata de más de cien mil transportistas y al paro de ayer acudieron menos de seiscientos. De todos modos, hubiese constituido delito aunque los participantes en los cierres carreteros hubieran sido miles y miles, porque no existe el derecho a actos de esta naturaleza y alcance.
Los voceros, incluyendo una vocera, tiene una interpretación equivocada y sesgada de sus derechos en este tema, y hablan más bien desde una posición antigobiernista, que busca aprovechar en forma oportunista una demanda justa con fines de desestabilización del gobierno; sobre todo, cuando entre sus causas apoyables, como lo es del combate a la inseguridad, incluyen otras como la de los campesinos que exigen mayores precios para el maíz de los que rigen en el mercado nacional e internacional.
Por cierto, el desplome de las cotizaciones del grano, determinados ahora en la Bolsa de Chicago de los alimentos, por la globalización de la economía en que involucraron a México los gobiernos neoliberales, no se hatraducido en una baja en el precio de la tortilla, como sería lo esperable; al contrario, sigue encareciéndose por la ambición de mayores ganancias de las empresas de la industria de la masa y la tortilla, sin que los productores del cereal siquera lo mencionen.
Era distinto el tiempo en que la explotación de los campesinos era sólo de los acaparadores y “coyotes”, a los cuales no se combatía y menos se erradicaba. Ahora los agricultores padecen también por la sobreproducción mundial de maíz, en un problema grave, pero cuya solución no está en los bloqueos de carreteras libres y de cuotas. Deben encontrarse soluciones alternas. Posiblemente con sistemas que permitan agregarle valor al producto, lo que debe buscarse mediante el diálogo de buena fe con las autoridades, no con chantaje, ni con afectaciones a la población, que ninguna culpa tiene del problema, ni está en sus manos resolverlo.
Los transportistas demandaron el retiro de retenes policiacos en las carreteras, en una exigencia absurda, porque lo procedente es que los cuerpos de seguridad sean eficaces, combatan y erradiquen el robo de mercancía, los secuestros y las extorsiones y que no se corrompan, pero no que dejen las carreteras a los delincuentes, como ocurriría si se retiran los sitios de revisión y apoyo a los transportistas que enfrentan problemas de inseguridad.
Por todo ello, resulta preocupante que los representantes de la organización promotora de el bloqueo de carreteras sostengan que es su derecho a hacerlo. No lo es. Eso constituye delito, y si no se les aplica la ley es por tolerancia, de las autoridades que acusan de represivas. De haber retirado los 161 vehículos utilizados en los cierres carreteros sencillamente habrían aplicado la ley a quienes la estaban violando, como lo demandaban las personas afectadas por esas acciones al margen de la ley. No debe olvidarse que el segmento más ultraderechista de los transportistas contribuyeron a generar condiciones para desestabilizar a gobiernos democráticos de América Latina, con apoyo financiero abundante de Estados Unidos, del que el ejemplo más claro fue lo ocurrido en Chile, cuando fue derrocado Salvador Allende y se encaramó al poder el dictador Augusto Pinochet.
